(Artículo originalmente publicado en la edición n°5 de la revista Resistencia)
Introducción
El mes de julio del presente año, en cum plimiento de la resolución jefatural n° 159-2016-ANA, se llevaron a cabo en el norte chico el sorteo público para elegir a los comités electorales y de impugnaciones para realizar las elecciones de las juntas directivas de los juntas de usuarios y las comisiones de regantes para el periodo 2017-2020 con el fin de adecuarse a la nueva ley de las organizaciones de usuarios de agua (ley n°30157). Sin embargo no todo es color de rosa, en nuestra provincia, como reflejo de lo que sucede a nivel nacional, las opiniones al respecto están divididas, algunos presidentes de las comisiones de usuarios de la cuenca del rio Huaura están en un desacuerdo casi total con la ley n° 30157, otros están parcialmente de acuerdo mientras que otros la respaldan totalmente, el comité investigador de nuestra revista se ha planteado la tarea de estudiar esta problemática en nuestra región, para lo cual empezaremos con la junta de usuarios de la cuenca del rio Huaura para después estudiar a las otras cuencas de la región. Debemos indicar que la junta de usuarios de Huaura se divide en 16 comisiones de regantes ubicadas en distintos puntos de nuestra provincia, desde Carquin, Huaura, Vegueta hasta Sayan, por lo cual el trabajo se dificulta ya que tenemos que ir a cada junta para entrevistar a los presidentes y solicitar informes de situación de su zona, a esto agregarle que estos presidentes tienen sus chacras que son trabajadas de mañana hasta la tarde por lo cual su horario es restringido, aun así hemos hecho el esfuerzo y logrado entrevistar a algunos representantes prometiendo profundizar este estudio en publicaciones posteriores.
Lo que se esperaba de la nueva ley
Empezaremos diciendo que esta ley n° 30157 se da en el marco de la ley de recursos hídricos (ley n° 29338), la misma que fue promulgada el año 2009 en el gobierno de Alan García, la ley 29338 crea un sistema nacional de gestión de recursos hídricos que tiene al ANA (autoridad nacional del agua) como cabeza, en teoría, este sistema tiene como finalidad principal el velar por la integridad, sostenibilidad, calidad y cantidad del agua en todas las formas en que esta existe y donde se encuentre a nivel nacional, entendiendo que esta es un bien público y no privado, esto serviría para garantizar el acceso constante de este recurso principalmente para el consumo humano y la agricultura y secundariamente para las demás actividades que requieran de este recurso; el marco económico en la que se da esta ley tiene que ver mucho con una coyuntura nacional de reconcentración de tierras tanto para uso agroindustrial, minero, hidrocarburifero o forestal, este neolatifundismo impulsado desde el mismo estado con el argumento de atraer inversiones y generar desarrollo ha generado toda una problemática en muchos sectores socioeconómicos, sobre todo en la agricultura, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Sabido es que el estado ha implementado grandes proyectos de irrigación (sobre todo en la costa norte) y ha entregado concesiones de tierras eriazas a empresas privadas nacionales y multinacionales con el fin de que inviertan en estos terrenos construyendo infraestructura hidráulica y siembren productos con fines industriales, este aumento de frontera agrícola que se desarrolla con fuerza desde la época del fujimorato, impulsado por las leyes neoliberales de este mismo régimen, ha generado un desequilibrio en las zonas donde se desarrolla este fenómeno, ya que el agua se hace cada vez más escasa debido a que cada vez hay más hectáreas de cultivo que deben ser irrigadas y muchas veces, las grandes empresas son las que tiene la preferencia para la irrigación postergando así al pequeño y mediano agricultor, o también, estas misma grandes empresas construyen sus propios sistemas hidráulicos pero cogen el agua de la misma fuente común a todos los agricultores, esto es más complejo cuando el agua que se utiliza es subterránea (como en Ica) y se tiene que construir enormes pozos para conseguir el líquido elemento, cuando escasea, se tienen que construir aún más y los pequeños agricultores no cuentan con el capital suficiente para llevar a cabo estas obras además que los gobiernos tanto locales como nacionales brindan apoyos casi nulos a los mismos, todo esto es fuente segura de problemas sociales
No solo en la agricultura se dan estos problemas, también se generan en la minería ya que para esta actividad el uso del agua es vital y muchas veces la fuente del agua que utilizan las mineras (o que piensan utilizar), sale de la misma fuente que la población utiliza para su consumo y para los campos, ya sabemos cuáles son los resultados (conga es un buen ejemplo), algo parecido podríamos decir que sucede en el sector hidrocarburifero y energético aunque en menor medida. Todos estos problemas se han desarrollado velozmente en los últimos veinte años producto de las políticas neoliberales que se vienen implantando en nuestro país que solo buscan generar un buen clima para los negocios de grandes empresas nacionales e internacionales, quitándoles impuestos, omitiendo tramites y sin importar las consecuencias que sufrirán las poblaciones y los trabajadores del lugar.
Es por todo esto que la ley n° 29338, ley de recursos hídricos, busca aumentar las cantidades de agua disponibles, recuperar las que se puedan, generar nuevas fuentes de abastecimiento, evitar el desperdicio de este recurso y hacer eficiente el uso del agua en todos los sectores donde se la utilice con el fin de aumentar la cantidad disponible, todo esto suena muy bien si es que no sirviera sobre todo para apoyar a las grandes empresas, en conclusión, lo que se busca es un mayor control y vigilancia sobre los recursos hídricos aunque sabemos que los menos vigilados siempre son las grandes mineras, las empresas agroindustriales, las energéticas, etc. y los más vigilados y los que más pagan terminan siendo los agricultores y los consumidores domésticos, los mismos a los que pretenden aumentarle aún más la tarifa por el recurso.
Discrepancias y opiniones encontradas con respecto a la nueva ley
Las juntas de usuarios son asociaciones que agrupan a todos los usuarios agrícolas (aunque en teoría también a los no agrícolas) que se encuentran en una zona hidráulica común (en nuestro caso la cuenca del rio Huaura), ya que la agricultura es imposible sin agua, esta organización es central para la vida del agricultor, es más, podríamos incluso decir que en estos años son las juntas los centros reales en donde se organizan los agricultores, por ejemplo, en la junta de Huaura participan 10 mil usuarios, a su vez, estos usuarios pagan tarifas de mas de 200 soles al año por cada hectárea que posean, este dinero es dividido entre las comisiones, las juntas, la junta nacional y una parte pequeña al estado, por lo cual tienen capacidad logística y financiera, si estas juntas y sus bases tuvieran una correcta política campesina dentro de los marcos de una visión de desarrollo nacional, un análisis mas claro de la realidad peruana a la vez que se depuran a los corruptos que han germinado en sus entrañas durante tantos años, y por último, una movilización constante, estas juntas se convertirían en poderosos centros de lucha campesina para exigir al estado mejoras en su situación.
La ley 30157 fue impulsada en el congreso por los congresistas Tomas Zamudio y Wilder Ruiz, el espíritu de esta ley y una de sus principales finalidades eran: 1. Combatir y eliminar la corrupción que pululan dentro de las juntas y relacionado a esto es aumentar la democracia estableciendo la votación universal para que la directiva de las juntas ya no sean elegidas a nivel de cúpulas, además que el padrón electoral es aprobad por la ANA, y 2. Establecer una gestión profesionalizada del agua para lograr la eficiencia en la distribución del recurso hídrico y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, planteando planes operativos y planes multianuales de inversión , esto está ligado a la intervención de la ANA con un papel fiscalizador y supervisor con capacidad de sanción en caso de incumplimiento de las metas y objetivos planteados en los planes, todo esto era lo que busca la ley según sus autores, ahora, a nivel nacional hay muchos cuestionamientos sobre lo beneficiosa de la misma, algunas criticas son sinceras y otras son motivadas por cuestiones subalternas y apetitos personales sin duda, que la ley sea positiva o no lo decidirá el tiempo y la masa de campesinos, mientras, nos dimos el tiempo de entrevistas a algunos presidentes de las comisiones de la cuenca de Huaura para ver que opinaban sobre el tema, por ejemplo, el presidente de la comisión de Acaray - Vegueta, Héctor Zorrilla (actualmente en licencia), nos comentaba estar de acuerdo con la nueva ley, esta comisión cuenta con 3708 hectareas y 1206 usuarios, el señor zorrilla cree que con la democracia que esta ley propone a través del voto universal se podrá combatir a las cúpulas que se encuentran atornilladas por muchos años en sus cargos, tanto a nivel local como nacional, esta eternización de poder genera relajamientos en la gestión y también corrupción, es por eso que este presidente nos cometa que hay una mala gestión de parte de la junta de usuarios ya que por la pésima administración del agua (nos dice que en Oyon las lagunas están casi desaparecidas), algunas veces el agua no les llega a sus usuarios los días indicados, causando problemas entre los agricultores que se disgustan por esta situación, indignado por estas situaciones, el señor zorrilla esta pensando es postular a la presidencia de la junta de usuarios en las próximas elecciones de fin de año.
También conversamos con el presidente de la comisión de Carquin, Manuel Nonato Zamudio, el cual nos comento estar en desacuerdo con la ley, principalmente por el intervencionismo de la ANA en las organizaciones de usuarios y además por que la democracia que fomenta la ley es imposible de realizar ya que nunca se lograra el quórum que la ley establece, también nos comenta no tener ninguna queja hacia la directiva de la junta de usuarios ya que siempre les han brindado apoyo a su sector; parecida posición a la del señor Nonato tiene el presidente de la junta de usuarios de Huaura, el señor Eugenio Bravo Rosales, este además es presidente de la comisión de san Felipe, el señor Eugenio despotrica totalmente con la ley, la ve perjuiciosa, intervencionista y falsamente democrática ya que opina que el voto universal es imposible ya que el quórum necesario nunca se completara, además no cree que haya un entornillamiento en el poder de los directivos ya que aquellas personas que eran elegidas y reelegidas lo hacían con apoyo de sus bases, lo cual no tiene nada de negativo, el señor Eugenio nos comenta con seguridad que no acataran la ley y que a nivel nacional ya están viendo los mecanismos para lograr este objetivo, agrega que aquellos que están a favor de la ley son las personas que siempre han perdió las elecciones y por una especie de revancha hablan mal de los dirigentes elegidos; tenemos que agregar aquí un dato curioso, el día 08/08/2016, se ha presentado en el congreso un proyecto de ley para derogar la ley 30157, este proyecto es presentado por la bancada fujimorista (que tienen mayoría congresal), como firmantes en este proyecto de ley aparecen también Elard Melgar y Percy Alcalá, congresistas fujimoristas elegidos por nuestra región, un dato mas, el señor Eugenio Bravo nos comento haber votado por el fujimorismo, ¿pura casualidad?, creemos que en política no hay coincidencias, esto haría entendible su seguridad para oponerse a la ley y no quererla acatar, este proyecto de ley será debatido la próxima semana, veamos que pasa.
Un ultimo entrevistado que tuvimos fue el señor Mauro Coronado Lucas, presidente de la comisión de pampa de animas, este tiene una posición mas centrista con respecto a la ley, opina que es saludable la posición del voto universal pero esta en desacuerdo que esta votación sea centralizada, opina que debe realizarse en cada comisión y después sumar los votos de todas ya que es imposible que el 35 % de los campesinos (en el caso de Huaura serian 3500 campesinos como mínimo para hacer quórum) asistan a votar a un solo local de votación, también nos comento estar de acuerdo en que sea obligatorio que cada usuario tenga derecho a un voto y no como antes que había la posibilidad de votar por cantidad de hectáreas que se poseen con lo cual los mayores poseedores siempre salían ganadores.
Estos son solo algunas pinceladas sobre el problema de las juntas de usuarios y el problema agrícola en la provincia de Huaura, al parecer se vienen futuras movilizaciones por la defensa o la derogatoria de esta ley, resistencia seguirá atentamente el curso de la misma, siempre luchando en defensa del campesino honesto, trabajador y luchador, para que se cumplan sus derechos y se hagan efectivos sus reclamos, seguiremos informando.
